Lucha frontal contra la corrupción optimizará el presupuesto: JAVA

El combate frontal a la corrupción que se sustenta y materializa en el Sistema Estatal Anticorrupción debe ser el punto de partida para que en el futuro se destine mayor presupuesto a todas las áreas del desarrollo estatal, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), José Antonio De La Vega Asmitia.

Al sostener un encuentro con vecinos de la colonia Indeco, el diputado afirmó que la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción permitirá combatir de mejor forma los casos de robo y desvío de recursos públicos.

Señaló que garantizando el correcto uso de los recursos públicos “que son sagrados” se contará con mayor dinero para invertir en materia de seguridad, educación, salud, carreteras y cultura, por mencionar algunos rubros.

Ante cerca de 500 vecinos de la colonia Indeco, dijo “Tenemos que luchar contra el soborno que se da al hacer trámites administrativos ante diversas instancias gubernamentales y daña a la gente, porque es una forma de corrupción y el antídoto es la denuncia”, aseguró.

Asimismo, el presidente de la JUCOPO puntualizó que como diputado local está decidido y comprometido a cerrar el paso a ese cáncer, “lo cual solamente se logrará con la participación ciudadana y con una bien cimentada cultura de la denuncia entre la sociedad”.

Tras mostrar su confianza en que se superará la actual crisis económica nacional y estatal --producto de la caída internacional de los precios del petróleo--, consideró que para ello Tabasco requiere hoy de gobernantes honestos con capacidad, experiencia, vocación de servicio y sobre todo, visión de largo plazo.

En ese sentido, José Antonio De La Vega aseguró que lo que se requiere ahora son verdaderos planes de desarrollo regional, por lo que consideró que deben configurarse políticas públicas de largo aliento, por parte de quienes lleguen a hacerse cargo de los destinos de Tabasco en los años venideros.

Finalmente, el diputado destacó la necesidad de cambiar de modelo económico y rediseñar el sistema de participaciones, a fin de que los recursos se distribuyan de manera equitativa y las entidades cuenten con recursos para impulsar la educación, salud y seguridad pública de sus gobernados.