TRAS UN ANALISIS EL LIDER DE LA FRACCION DEL PRI MANUEL ANDRADE DIAZ CONCLUYÓ QUE NOMBRAMIENTOS EN E

En torno a los recientes nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Manuel Andrade Díaz, hizo las siguientes precisiones.

De origen, el nombramiento de los magistrados José Alfredo Celorio Méndez y Oscar Rebolledo Herrera, es cuestionable, pues ambos ocupaban cargos, el primero, se desempeñaba como presidente del Tribunal Contencioso y el segundo como presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, los cuales renunciaron a sus encomiendas días antes de ser nombrados por el gobernador del Estado, como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Así mismo, ambos funcionarios, están ligados al Gobierno del Estado, el primero por haber sido nombrado por el Ejecutivo, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a principios del sexenio y el segundo por haber trabajado en diversas ocasiones con el actual Secretario de Gobierno, incluso, cuando éste fue Procurador General de Justicia, Oscar Rebolledo fue Subprocurador Primero en la otrora PGJ.

Aunado a ello, el nombramiento de los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, está afectado de legalidad, porque la ratificación que hizo el Congreso, no pasó por las comisiones competentes, sino que la Comisión Permanente que preside el PRD, sin análisis previo, sin fundamento y aprovechando la mayoría artificial que tiene construida lo votó a favor.

En el caso particular de José Alfredo Celorio Méndez, sostenemos además que, su nombramiento es ilegal, porque conforme al párrafo tercero del Artículo Transitorio Octavo del Decreto de reformas a la Constitución Federal en materia Anticorrupción, los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. Por lo que no debió de haber sido magistrado del nuevo Tribunal, ya que la finalidad de esa disposición transitoria, es que los Tribunales de Justicia Administrativa, se integren con nuevos miembros, precisamente para evitar vicios añejos y romper inercias.

Por su parte, el nombramiento de Oscar Rebolledo, como magistrado del TJA, es también cuestionable, porque conforme al punto 2 del artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los magistrados de los Tribunales Electorales locales, una vez concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público, en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado. (…) por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función. Y la renuncia de esta persona se dio pocos días antes de ser nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que consideramos ilegal, porque él se pronunció en las elecciones de los diputados que lo ratificaron, y en las de los presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos a los que le tocará juzgar, por lo que, por analogía, le es aplicable la prohibición contenida en el transitorio mencionado.

En tanto, la designación de la licenciada Luz del Alba Pardo Cruz, como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de entrada es sospechosa, pues era una persona subordinada del Fiscal General, a quien se le encargo llevar el caso Granier, sin resultados positivos. También fue la responsable de los casos fallidos de los ex consejeros del IEPCT y el desafuero del magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco Jorge Montaño. Asuntos que como es sabido los perdió la Fiscalía General del Estado.

Esos antecedentes ponen en duda la capacidad de la ahora Fiscal Anticorrupción, pues la perdida de los asuntos que se le han encargado es un asunto muy delicado, ya que solo puede ser consecuencia de que haya recibido la instrucción de consignar sin haber elementos, o de haber integrado indebidamente la averiguación o la carpeta de investigación y por eso los ex consejeros quedaron libres en el juicio de amparo.

Las dos cosas indudablemente repercutirán en su quehacer al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que no inspira confianza en su encargo.

Reprobamos también que el nombramiento de los funcionarios mencionados se haya realizado a espalda de los ciudadanos. Con voluntad, se hubiera podido hacer a través de una convocatoria pública, para que esos cargos fueran ocupados por ciudadanos, sin vínculos con el gobierno actual y sin vínculos con los partidos políticos y sería más confiable.

Analizando las personas en las que recayeron los nombramientos y la forma en que se realizaron, parce que desde el Gobierno del Estado y del Congreso, se está operando para que en el futuro no pase nada, pues temen que a las denuncias y señalamientos de corrupción que constantemente realizan los ciudadanos y que hasta la fecha siguen impunes; y con esos nombramientos esperan que sigan impunes.

Esos nombramientos son un pésimo augurio, porque indican que van a querer ratificar al actual Fiscal Superior del Estado, pese a que no ha dado buenos resultados.

Esperamos que los funcionarios del Gobierno Estatal, no metan las manos también en el nombramiento de Comité de Participación Ciudadana, para que por lo menos ese órgano sea independiente. De lo contrario, le estarían dando el tiro de gracia al sistema anticorrupción local pues no serviría de nada.

De seguir metiendo las manos el gobierno en los nombramientos restantes, las afirmaciones de diversos actores políticos, en el sentido de que en Tabasco el Sistema Estatal Anticorrupción nació muerto, habrán resultado fundados.

Finalmente cabe señalar que como desafortunadamente los diputados del PRI, somos 6 de 35, es poco lo que podemos hacer, sin embargo, intentaremos lo que la ley nos permita y como combatir esos actos, requiere de la participación de los ciudadanos, hago un exhorto a la ONG, a los Colegios o asociaciones de profesionistas, al observatorio nacional y estatal, al IMCO, y a todos aquellos interesados en el combate a la corrupción, para que se inconformen con los nombramientos y ratificación de los principales operadores del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, promoviendo amparos o las acciones que estimen pertinentes a fin de que la SCJN devuelva la legalidad a ese sistema.