Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción quedará listo en fecha prevista: JAVA
- · El presidente de la JUCOPO dijo que
- 3 may 2017
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, José Antonio De La Vega Asmitia, aseguró que la reforma constitucional y la adecuación y creación de leyes que darán paso a la conformación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción quedará listo antes del 17 de julio.
Este es un proceso de armonización complejo y técnico en el que no queremos equivocarnos, como ya les pasó a dos entidades, expresó el diputado al explicar que de no presentarse las iniciativas respectivas antes del 15 de mayo que culmina este Primer Periodo Ordinario, se convocará a un Periodo Extraordinario.
“En caso de que no se pudiera concluir la reforma constitucional el 15 de mayo, el grupo de trabajo encargado de ello seguirá avanzando para sacar un dictamen consensuado en un periodo extraordinario de sesiones que pudiera tener efecto a finales de mayo o principios de junio”, precisó José Antonio De La Vega Asmitia.
En ese sentido, el presidente de la JUCOPO anunció que actualmente se analiza una iniciativa prototipo enviada por la Secretaría de Gobernación a todos los estados, a fin de aplicar un óptimo proceso de armonización y evitar impugnaciones.
Hay cierta libertad de configuración, pero no podemos ir en contra de la Constitución o de las leyes generales; por tanto, queremos hacerlo bien para no ser impugnados, reiteró el también coordinador parlamentario del PRD en el Congreso local.
José Antonio De La Vega Asmitia, precisó que se trata de una reforma constitucional que conlleva crear y reformar leyes en materia de Anticorrupción y de Justicia Administrativa, así como crear el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa --que sustituirá al actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo-- y una nueva Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, dijo, se creará una nueva Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas o se reformará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; se adecuará la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la Ley Orgánica del Congreso --esta última en materia de facultades del OSFE--, y se deberá nombrar un Consejo Ciudadano.



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